El jueves pasado, Jorge González estuvo más de una hora ratificando en la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, luego de la querella presentada en febrero de este año. Andrés Iturra, el abogado del músico, comentó que Miguel Tapia y Alfonso Carbone "lo hicieron firmar un documento que supuestamente tenía como propósito permitir la publicación de un par de piezas en particular, pero que fue utilizado para quitarle sus derechos del catálogo de Los Prisioneros”, comentó el abogado.
El músico afirmó que fue engañado en 2019. Esto, porque firmó una serie de documentos que les permitía crear sociedades comerciales y rentabilizar con el nombre de la banda a la que pertenecía el artista. De la misma forma, cuenta que todo esto fue sin su consentimiento y que no recibió los ingresos correspondientes de esos negocios.
En el lugar, Jorge González comentó que en primera instancia deseaba solucionar el problema con conversaciones para no agrandar el problema. Sin embargo, esto no sucedió y terminaron evadiendo el tema en torno a la sociedad que habían creado.
"Luego de su accidente cerebrovascular, él quería mantener una amistad con su círculo más cercano, no quería que se rompiera. Quería mantener los lazos. Pero acá primó la plata y el interés por el dinero”, comentó el abogado.
La historia del problema
En la instancia, el músico se defendió y explicó su versión de los hechos. Según cuenta La Tercera, en 2019 González estaba viviendo en Quillota porque estaba en tratamiento del accidente isquémico cerebeloso que había sufrido hace un tiempo. Fue en ese momento que Carbone se le acercó con una propuesta de edición de fotos de Los Prisioneros, que el rechazó de inmediato. Esto porque en el proyecto estaba presente Carlos Fonseca y no confiaba en él como administrador ni representante legal.
Carbone insistió, y fue ahí donde González aceptó, confiando en la amistad que habían tenido. El ex mánager también le dijo que su hermano Marco González estaba al tanto del proceso, lo que ayer se confirmó que no fue así.
Al día de hoy la querella está en investigación, y la fiscal a cargo es Nancy González Fuentes. Luego, viene la revisión de documentos y la citación de lo testigos de González, lo que se estima que no ocurra en un plazo mayor a los 60 días.