La comisión investigadora de los actos del Gobierno y las policías en el marco del estallido social de la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobó el informe que estableció responsabilidades políticas del Presidente Sebastián Piñera y que pretende contribuir a las investigaciones de juzgamiento penal internacional por crímenes de lesa humanidad.
Estallido social
El documento emitido por la instancia, presidida por la diputada Maya Fernández (PS), estableció que “desde el 28 de octubre de 2019 en adelante, han existido graves, masivas y generalizadas violaciones a los derechos humanos. Por lo que no son hechos aislados, excesos, ni errores puntuales”. Agregando también que “estos hechos forman parte de una política de Estado. Cuyos actos de represión han tenido por finalidad castigar y desincentivar a la población civil que ejerce su legítimo derecho a la protesta”.
Responsables
Además advierte de posibles responsabilidades penales por parte de agentes del Estado de Chile. No solo en nuestro país sino que internacionalmente, debido a su participación en crímenes de lesa humanidad según lo establecido en el Estatuto de Roma.
Respecto a quienes serían los responsables políticos de los hechos ocurridos con posterioridad al 28 de octubre (fecha de inicio de la comisión), el informe señala directamente al Presidente de la República, Sebastián Piñera. Esto, por las graves y reiteradas violaciones de derechos humanos ocurridos en nuestro país desde octubre de 2019 a la fecha.
Entre la lista de responsables políticos, se incluye a los anteriores y el actual ministro de Interior: Gonzalo Blumel, Victor Pérez y Rodrigo Delgado; al ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla Mackenney; el actual Subsecretario del Interior Juan Francisco Galli Basili; y al ex Intendente y actual Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Felipe Guevara Stephen.
Recomendaciones
El documento además añade una serie de recomendaciones al Ejecutivo. Se destacan la transformación de manera profunda, estructural e inmediata a Carabineros de Chile; la creación de una comisión de Verdad, Justicia y Reparación Integral, cuya información no será secreta y la ejecución de la glosa 12 de la Partida 50 del Tesoro Público. Esto, para entregar pensiones de sobrevivencia a aquellas víctimas que hayan sufrido violaciones a los Derechos Humanos.