Desde este lunes comenzaron a regir las alzas en los peajes y autopistas urbanas, según estipulan los contratos con las concesionarias.
De hecho, las empresas pueden aplicar un reajuste una vez al año, que esta vez llegó al 2,7%. Así, un viaje de Santiago a Concepción cuesta más de $15 mil, monto similar al tramo entre la capital a La Serena.
Mientras que en las autopistas urbanas, el sector de Puente Lo Saldes con Vivaceta en la Costanera Norte alcanzó los $1.539 en hora punta.
El consultor internacional en transporte e infraestructura, Felipe Ulloa, estima que "si bien esto está dentro de la legalidad, llegó la hora de que el Estado vuelva a revisar esta política pública" que nos dio infraestructura.
Añadió que “comparativamente, tenemos las carreteras más caras de Latinoamérica y del mundo también”, y cree que "no es posible que nosotros como Estado de Chile estemos gravando la movilidad de las personas" con los peajes.
"Son cobros bastante excesivos", y "no corresponde que sigamos pagando infraestructura al precio de los '90", resumió el especialista.
Por tanto, “hay que revisar los contratos” y “rediscutir los precios”.
Pero, ¿es factible realizar esos ajustes? "El Estado tiene la potestad de cambiar lo que quiera", respondió Ulloa, aunque "en algunas cláusulas tiene que indemnizar" a las empresas.