Por Ramón Pozo
Este lunes comenzó a regir la Ley de protección del empleo, que busca garantizar ingresos a los trabajadores en el contexto de la pandemia por el coronavirus.
Básicamente, se permite acceder al seguro de cesantía cuando la empresa se ve afectada por cierre debido a medidas como la cuarentena, o que los trabajadores no puedan llegar a ella por esos motivos.
Y si bien hubo polémica hace unos días por el dictamen de la Dirección del Trabajo, la ministra del ramo, María José Zaldívar, destacó que "hoy día, las empresas no pueden invocar causa fortuita o fuerza mayor" en desvinculaciones debido al coronavirus.
"El nuevo dictamen de la Dirección del Trabajo tiene que recoger esta nueva ley", agregó la secretaria de Estado.
Volviendo a la norma, ésta contempla que los empleadores deberán mantener el pago de los derechos sociales, que en este escenario sería un gasto menor. "Cuando uno despide por necesidades de la empresa, tiene que hacerse cargo de las indemnizaciones por año de servicio. Y eso puede ser un costo muy alto para la empresa", destacó Zaldívar.
Finalmente, se refirió a posibilidad de elaborar un plan económico para los sectores informales. Sostuvo que el Estado ha destinado en esta contingencia "12 mil millones de dólares. Es un enorme presupuesto para la realidad chilena". Por tanto, hacerse cargo de esos ingresos "es absolutamente inabordable" en la actualidad, ya que se requeriría de unos "7 mil millones de dólares".