Por Paulina Cortés
Justo en la semana en que se cumplen 3 meses desde el estallido social, el ministro de Justicia, Hernán Larraín anunció que presentarán un proyecto para regular el derecho a reunión, argumentando que está vinculado al ejercicio de otros derechos como la libertad de asociación, expresión y a la manifestación.
El secretario de Estado recordó que es un derecho regulado por “un decreto de los 80”, y aseguró que no es la forma de normar algo “tan relevante, una garantía constitucional”.
Para Jorge Contesse, profesor de la Universidad de Rutgers, Estados Unidos esto es una “buena noticia” porque “por una cuestión técnica, los derechos constitucionales deben ser regulados por ley y no por decreto”.
El abogado valoró el gesto argumentando que cuando se restrinja este derecho se debe hacer por ley "para ofrecer mayores garantías al momento de regularlas y que no se restrinja irregularmente”.
Sin embargo Contesse reparó en que el anuncio actual “tiene más que ver con una señal política que avanzar legislativamente”.
En esa misma línea dijo que la discusión de la ley antisaqueos, antibarricadas y regulación del derecho a reunión son “el pedazo de agenda que le queda al Gobierno” y “una cuestión pirotécnica, un anuncio”. La Moneda “perdió la agenda, pareciera que le queda esto” aseguró.
Luego comentó comentó que si el gobierno “tuviera una propuesta corregiría a través de un decreto lo que piensa que está mal”.