Por Ramón Pozo
La Superintendencia de Servicios Sanitarios informó que, tras la crisis por contaminación del agua potable en Osorno, Essal incurrió en “numerosas infracciones de la más alta gravedad” y que podrían derivar en la caducidad de su concesión.
Si se aprueba esa medida, ésta debe ser decretada por el presidente Sebastián Piñera, de acuerdo con la normativa vigente.
En paralelo, se inició un proceso que implica multas que podrían superar los $2 mil 500 millones.
Respecto de la posibilidad de que la empresa deje de funcionar en la zona, José Pacheco, vocero de los sindicatos de Essal, estima que “no se basa en derecho en relación al marco regulatorio y a la normativa sanitaria”.
Incluso, acusó que hay una “presión política transversal” en contra de la compañía sanitaria.
Sostuvo que esa eventual resolución “no soluciona el problema de fondo” y que "desmantelar (a Essal) y volver atrás (…) va a afectar el empleo directo e indirecto".
"El Estado creemos que no tiene hoy día los recursos humanos y materiales como para abordar este tipo de tarea", concluyó Pacheco