Esa frustración es porque penas por cohecho y corrupción son “bastante bajas”. Tanto, que los controladores de Penta, Carlos Lavín y Carlos Délano, “no arriesgaban más penas que de entre 61 días y 540 días”.
Más allá de este contexto, para la coordinadora de incidencia de Espacio Público “en este tipo de casos debiera irse a juicio oral, aunque las penas sean bajas”.
Respecto de la prisión preventiva por la que ambos tuvieron que pasar y que se extendió por 47 días en el penal Capitán Yáber, Jaraquemada apuntó que “no sé si cumplían los requisitos” para esa medida, ya que “no eran un peligro para la sociedad ni para la investigación”.
“Fue un reproche moral”, concluyó la abogada.