La Contraloría General de la República declaró ilegales los cambios al protocolo de objeción de conciencia del aborto en tres causales propuestos por el Gobierno.
Según informó la entidad, "los establecimientos públicos de salud no pueden invocar objeción de conciencia, debido a que es función del estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud".
Dicho protocolo fue emitido por el Ejecutivo este año para "regular la manera y los casos en que esta objeción podía llevarse a cabo", pero Contraloría dictaminó que no se ajustaba a derecho.
En la resolución, la entidad dejó en claro que "las instituciones privadas que tengan convenios con el Estado tampoco puedan acogerse a la objeción de conciencia, puesto que recibir financiamiento público se entiende que sustituyen a los servicios de salud y forman parte de la red pública de salud".