“Ni constitución ni ordenamiento jurídico autorizan para que personas hagan ajusticiamientos ciudadanos”, detalló el profesional. Retenciones deben hacerse “sin provocar mayor perjuicio”, y “lo lógico es llamar a la policía para que actúe o a los guardias de seguridad que suelen estar en gran parte de lugares públicos”, indicó Núñez.